México da marcha atrás: Sheinbaum cancela el impuesto a los videojuegos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que ya no se cobrarán los impuestos especiales del 8 % sobre los videojuegos con contenido violento que estaban previstos para entrar en vigor en 2026 como parte del paquete económico federal.

¿Qué se canceló?

Originalmente, el Paquete Económico 2026 aprobado por el Congreso incluía un gravamen del 8 % al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para los servicios digitales y ventas de videojuegos considerados “violentos” o no aptos para menores, con el objetivo declarado de desincentivar la exposición a este tipo de contenido.

Sin embargo, Sheinbaum explicó públicamente que sería inviable aplicar ese impuesto en la práctica, porque no existe una forma objetiva de distinguir con claridad qué juegos contienen violencia de forma que pueda servir de base legal para gravarlos.

“Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no… ¿quién va a determinar esa circunstancia?”, dijo la mandataria en conferencia de prensa, justificando la decisión de que el impuesto no se cobre.

¿Qué pasará ahora?

En lugar de aplicar un impuesto, el gobierno anunció que se reforzarán campañas de prevención y concientización dirigidas a jóvenes y adolescentes sobre el uso responsable de videojuegos, la violencia y posibles conductas adictivas, dentro de una estrategia de salud pública y construcción de paz.

Reacciones y contexto

La medida había generado polémica e inquietud entre consumidores, jugadores y sectores de la industria, que temían un encarecimiento de los juegos y un efecto negativo sobre el mercado cultural y creativo.

También surgieron críticas legales: algunos legisladores señalaron que la eliminación del impuesto deberá pasar por un proceso de reforma legal, ya que la norma fiscal vigente fue aprobada por el Congreso y no puede ser simplemente “no aplicada” por decreto.

La decisión ha sido celebrada por comunidades de jugadores y asociaciones del sector, que argumentaron que no existe evidencia clara de que los videojuegos provoquen violencia en la vida real y que la medida era injusta y poco técnica.

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