La situación judicial del jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, continúa bajo escrutinio luego de que trascendiera información sobre operaciones con criptomonedas que no habrían sido reflejadas en declaraciones patrimoniales presentadas ante organismos de control.
De acuerdo con reportes surgidos en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, las autoridades detectaron movimientos vinculados a activos digitales realizados durante 2024. Los registros analizados sugieren que estas operaciones podrían haber tenido relevancia patrimonial suficiente para ser incluidas en las declaraciones juradas correspondientes.
La controversia se suma a una serie de cuestionamientos sobre la evolución del patrimonio del funcionario, que en las últimas semanas presentó declaraciones juradas rectificativas ante la Oficina Anticorrupción y otros organismos estatales. En dichos documentos incorporó activos y fondos que no habían figurado en informes anteriores, incluyendo montos asociados a inversiones en criptomonedas realizadas años atrás.
Adorni sostiene que gran parte de esos recursos provienen de operaciones con Bitcoin efectuadas entre 2013 y 2018. Según explicó públicamente, las ganancias obtenidas durante ese período fueron incorporadas posteriormente a sus declaraciones patrimoniales mediante presentaciones complementarias y correcciones formales.
Sin embargo, la aparición de movimientos más recientes vinculados a plataformas de activos digitales ha generado nuevas dudas entre investigadores y sectores de la oposición, que reclaman mayores precisiones sobre el origen de los fondos y la cronología de las operaciones. Diversos medios argentinos han señalado que la Justicia busca determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados y el crecimiento patrimonial registrado en los últimos años.
El caso ha adquirido relevancia política debido al cargo que ocupa el funcionario dentro del gobierno de Javier Milei. Mientras sectores oficialistas sostienen que las rectificaciones presentadas contribuyen a aclarar la situación patrimonial, críticos consideran que aún existen interrogantes sobre activos que no fueron informados oportunamente.
La investigación permanece abierta y será la Justicia argentina la encargada de analizar la documentación presentada, así como la validez de las explicaciones ofrecidas respecto a las inversiones en criptomonedas y otros bienes incorporados en las declaraciones juradas rectificadas.
