En zonas de la sierra norte de Puebla —especialmente en el municipio de Juan Galindo, donde se ubica la presa de Necaxa— se detectaron en los últimos años granjas clandestinas para minar criptomonedas dentro de instalaciones vinculadas al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), sin que las autoridades hayan logrado sancionar a responsables, denunciaron electricistas disidentes.
¿Qué ocurrió?
Entre finales de 2023 y principios de 2025, en varios inmuebles del SME —incluida la sede de la División Necaxa— se instalaron equipos de cómputo dedicados a resolver operaciones matemáticas para extraer criptomonedas. Estas granjas utilizaban conexiones ilegales a la red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aprovechando el acceso a energía eléctrica sin pagar por ella, según pobladores y denunciantes.
Habitantes relataron que estas instalaciones funcionaban día y noche con cientos de equipos, generando un consumo de electricidad no autorizado, y que parte de las conexiones todavía se observan en registros históricos de mapas satelitales.
Denuncias penales sin avances
En junio de 2025, integrantes del Frente Amplio de Unidad (FAU), grupo de electricistas disidentes, presentaron denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) —entonces encabezada por Alejandro Gertz Manero— contra la dirigencia sindical por presuntos delitos como:
Asociación delictuosa
Robo de energía eléctrica
Operaciones con recursos de procedencia ilícita
Uso ilícito de bienes públicos
y otros, en agravio de la CFE y del Estado mexicano.
También solicitaron al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) revisar la utilización de inmuebles que el SME recibió en comodato del gobierno federal, ya que algunos estaban siendo usados para la extracción de criptomonedas de forma no autorizada.
Hasta ahora, denuncian los electricistas disidentes, no se han reportado avances sustanciales en las investigaciones ni detenciones de los presuntos responsables, lo que ha sido interpretado como un ejemplo de impunidad en este caso durante la gestión de Gertz Manero en la Fiscalía.
Daños estimados y postura institucional
La CFE ha clasificado como reservada la información sobre el consumo eléctrico relacionado con estas granjas, aunque documentos del propio organismo y cálculos de denunciantes sugieren consumos de energía equivalentes a decenas de millones de pesos sin facturación, solo en algunas de estas ubicaciones.
Por ejemplo, en un período de dos meses en instalaciones de El Oro (Estado de México), la energía consumida indebidamente fue estimada en casi 6 millones de kilowatts-hora, lo que representó alrededor de 16.6 millones de pesos sin pagar, según documentos de la CFE.
Implicaciones y contexto
El caso ha sido señalado tanto por disidentes como por expertos y medios de investigación como un ejemplo de cómo operaciones ilegales de gran escala —en este caso vinculadas al minado de criptomonedas y robo de energía eléctrica— han enfrentado pocas consecuencias penales en México, alimentando percepciones de falta de acción efectiva por parte de autoridades, incluso al nivel federal.
Además, el contexto de que los bienes —plantas generadoras y edificios— fueron entregados al SME como parte de acuerdos tras la disolución de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC) agrega un elemento de debate público sobre el uso de recursos públicos y la obligación de su supervisión.
