El Congreso de Estados Unidos analiza una iniciativa que destinaría 150 millones de dólares para fortalecer la lucha contra las estafas y delitos relacionados con las criptomonedas. La propuesta forma parte del proyecto de Ley CLARITY y busca dotar a las autoridades de más recursos para investigar fraudes, combatir el lavado de dinero y proteger a los usuarios del ecosistema de activos digitales.
Más recursos para combatir el fraude
Según la propuesta, los fondos servirían para reforzar el trabajo de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), organismo del Departamento del Tesoro encargado de detectar operaciones sospechosas y prevenir delitos financieros.
El dinero permitiría ampliar programas de monitoreo de transacciones, mejorar el análisis de movimientos en redes blockchain y acelerar el procesamiento de reportes enviados por plataformas de intercambio de criptomonedas. También contempla un programa piloto para facilitar el intercambio de información entre empresas del sector y las autoridades federales.
Respuesta al aumento de las estafas
La iniciativa surge en un contexto de creciente preocupación por el incremento de los fraudes vinculados con activos digitales. De acuerdo con cifras citadas en la propuesta, el FBI recibió reportes de pérdidas cercanas a 9.300 millones de dólares por delitos relacionados con criptomonedas durante 2024, siendo los adultos mayores uno de los grupos más afectados.
Los promotores consideran que fortalecer las capacidades de investigación ayudará a identificar con mayor rapidez redes criminales que utilizan criptomonedas para estafas, extorsiones y operaciones de lavado de dinero.
También apunta a los cajeros de criptomonedas
Otro de los aspectos relevantes del proyecto es el endurecimiento de las reglas para los cajeros automáticos de criptomonedas. Las autoridades consideran que estos dispositivos han sido utilizados con frecuencia por delincuentes para engañar a víctimas y facilitar transferencias difíciles de recuperar.
La propuesta permitiría que los operadores suspendan temporalmente transacciones consideradas sospechosas cuando exista una solicitud de las fuerzas del orden, con el objetivo de evitar que los usuarios completen operaciones fraudulentas.
La propuesta genera debate
Aunque la iniciativa ha sido presentada como una medida para proteger a los consumidores, también ha despertado críticas. Algunos legisladores consideran que el proyecto aún deja vacíos regulatorios, mientras que otros advierten que ampliar las capacidades de vigilancia podría traducirse en un mayor seguimiento de las transacciones realizadas por usuarios legítimos.
Además, ha surgido incertidumbre sobre la financiación del programa, ya que la asignación de los 150 millones de dólares ha sido mencionada por los impulsores de la ley, pero no aparece de forma explícita en toda la documentación oficial del proyecto legislativo.
El futuro de la Ley CLARITY
La propuesta continuará su trámite en el Congreso estadounidense, donde será debatida y eventualmente sometida a votación. Si es aprobada, representaría uno de los mayores esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para reforzar la supervisión del mercado de criptomonedas sin prohibir su uso.
El resultado de este proceso podría influir en la forma en que el país aborda la regulación de los activos digitales, buscando un equilibrio entre el impulso a la innovación tecnológica y la protección de los consumidores frente al aumento de las estafas en el sector.
