Las autoridades financieras de Chile revocaron el registro de una plataforma de criptomonedas que era investigada por presuntos vínculos con la organización criminal Tren de Aragua, en una decisión que refuerza los esfuerzos del país para combatir el lavado de dinero y fortalecer la supervisión del sector fintech.
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) anunció la cancelación de la inscripción de Inversiones Plusservice SpA, conocida comercialmente como Plusspay, luego de que la empresa no cumpliera con los plazos establecidos para presentar la documentación y la información requerida por la normativa vigente. Con esta medida, la compañía pierde la facultad de ofrecer servicios financieros dentro del marco regulatorio chileno.
Además del incumplimiento regulatorio, Plusspay forma parte de una investigación judicial relacionada con una presunta red de lavado de dinero vinculada al Tren de Aragua. De acuerdo con las autoridades, la plataforma habría sido utilizada para facilitar el movimiento de recursos obtenidos de actividades ilícitas, en un esquema que involucra millones de dólares.
La cancelación del registro también alcanzó a otras 16 plataformas que no completaron los requisitos exigidos por la regulación fintech chilena. Sin embargo, el caso de Plusspay ha cobrado especial relevancia debido a las acusaciones sobre su posible participación en operaciones financieras relacionadas con el crimen organizado transnacional.
La decisión de la CMF se produce en el contexto de la denominada Operación Tokio, una investigación que ha permitido desarticular una compleja red de lavado de activos atribuida al Tren de Aragua. Las pesquisas apuntan a que la organización utilizó empresas, cuentas bancarias y plataformas financieras para ocultar el origen de recursos provenientes de delitos como extorsión, narcotráfico, trata de personas y secuestro.
Con esta medida, las autoridades chilenas buscan reforzar la confianza en el ecosistema de las criptomonedas y las empresas fintech, dejando claro que el crecimiento del sector debe ir acompañado de controles regulatorios estrictos y mecanismos eficaces para prevenir que las nuevas tecnologías financieras sean utilizadas con fines delictivos.
