El gobierno de Argentina presentó un nuevo proyecto de ley para combatir la ludopatía y regular las apuestas online ilegales, pero uno de los puntos que más llamó la atención fue la inclusión explícita de las criptomonedas dentro de la iniciativa. La propuesta busca impedir que plataformas de apuestas sin licencia puedan operar utilizando servicios financieros tradicionales o activos digitales.
Por primera vez en el país, una legislación menciona directamente a exchanges, wallets y proveedores de servicios cripto como parte de las medidas para frenar el juego ilegal en internet. De aprobarse la ley, estas empresas tendrían prohibido facilitar transacciones o servicios relacionados con operadores de apuestas no autorizados dentro del territorio argentino.
El proyecto también contempla una coordinación entre organismos como el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV), el ENACOM y NIC Argentina para bloquear tanto el acceso técnico como los movimientos financieros de plataformas ilegales, incluyendo operaciones realizadas con criptomonedas.
Además, la iniciativa propone sanciones más severas para quienes colaboren con estas plataformas. Empresas o personas que ofrezcan servicios financieros, tecnológicos o digitales esenciales a operadores clandestinos podrían enfrentar penas de prisión de entre dos y cuatro años.
Como parte de las nuevas obligaciones, exchanges y proveedores cripto tendrían que reforzar procesos de verificación de identidad (KYC), monitoreo de transacciones y controles de debida diligencia para evitar vínculos con apuestas ilegales.
La propuesta también busca limitar la publicidad de plataformas de apuestas en televisión, radio, redes sociales y medios digitales, especialmente para proteger a menores de edad y poblaciones vulnerables frente al crecimiento de la ludopatía online.
Aunque gran parte del sector coincide en la necesidad de combatir las apuestas ilegales, algunos especialistas advierten que una regulación demasiado estricta podría aumentar los costos operativos de los exchanges locales y empujar a usuarios hacia plataformas extranjeras menos reguladas.
