El presidente estadounidense Donald Trump ha lanzado una ambiciosa iniciativa para posicionar a Estados Unidos como la capital mundial de las criptomonedas, acumulando una reserva nacional de Bitcoin y promoviendo regulaciones favorables al sector. Sin embargo, los precedentes de El Salvador y Argentina advierten sobre los riesgos de estas políticas.
Según David Sacks, asesor de la Casa Blanca en temas de criptomonedas, el gobierno estadounidense posee aproximadamente 200,000 bitcoins, valorados en más de 20,000 millones de dólares, obtenidos principalmente de incautaciones a actividades ilícitas. Esta estrategia busca replicar, a gran escala, el modelo adoptado por El Salvador bajo el liderazgo de Nayib Bukele, quien en 2021 convirtió al Bitcoin en moneda de curso legal. No obstante, la experiencia salvadoreña ha enfrentado críticas por la baja adopción entre la población y la presión del Fondo Monetario Internacional, que condicionó una ayuda financiera a la mitigación de los riesgos asociados al Bitcoin.
En Argentina, el presidente Javier Milei promovió la criptomoneda $LIBRA, lo que desencadenó un escándalo conocido como “Criptogate”. Tras su respaldo público, la moneda experimentó una rápida alza seguida de un desplome, generando pérdidas significativas para miles de inversores y cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.
La iniciativa de Trump, aunque respaldada por sectores pro-cripto, enfrenta críticas por posibles conflictos de interés y por asumir que el valor del Bitcoin continuará en ascenso. Además, expertos advierten sobre la necesidad de una regulación robusta para evitar los problemas observados en El Salvador y Argentina.
Mientras Trump busca consolidar a Estados Unidos como líder en el ámbito de las criptomonedas, las experiencias de Bukele y Milei resaltan la importancia de una implementación cautelosa y bien regulada para evitar consecuencias económicas adversas.
