Un grupo de senadores de Estados Unidos presentó el lunes 12 de enero un proyecto de ley largamente esperado que busca establecer un marco regulatorio federal claro para el mercado de criptomonedas, algo que la industria ha reclamado durante años para resolver la incertidumbre legal que rodea a los activos digitales.
🧩 Objetivos principales del proyecto
El proyecto de ley propone varias definiciones y reglas clave para el sector cripto:
Clarificar la clasificación de los tokens: Establecer explícitamente cuándo un criptoactivo es considerado un valor, una materia prima u otro tipo de activo, lo que ayudaría a resolver disputas sobre la base legal para su regulación.
Asignar supervisión del mercado al regulador adecuado: Otorgar a la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) la autoridad principal para supervisar los mercados de criptomonedas al contado, algo que muchos actores de la industria prefieren frente a la Securities and Exchange Commission (SEC).
Regulación de stablecoins: El texto incluye medidas para regular los tokens vinculados al dólar y cierra ciertos vacíos, como prohibir que las empresas cripto paguen intereses solamente por mantener stablecoins, aunque sí permite recompensas o incentivos por actividades específicas en plataformas cripto.
Divulgaciones claras: La SEC y la CFTC tendrían que colaborar para exigir que las empresas divulguen claramente las recompensas o incentivos relacionados con el uso de criptomonedas como las stablecoins.
📌 Contexto político y desafíos
Proceso legislativo: El proyecto, que había sido aprobado en una versión por la Cámara de Representantes en 2024, ahora pasa al Senado, donde el Comité Bancario debe debatirlo y considerar enmiendas antes de su posible aprobación.
Debate y tensiones: Las conversaciones en el Senado habían estado estancadas el año pasado debido a desacuerdos sobre temas como la lucha contra el lavado de dinero y la regulación de las finanzas descentralizadas (DeFi).
Elecciones y futuro: Con las elecciones intermedias de 2026 acercándose, existe escepticismo entre analistas y lobistas sobre si el proyecto podrá convertirse en ley este año, lo que podría dejar al sector dependiendo de guías regulatorias que podrían cambiar con futuras administraciones.
