El presidente Joe Biden ha tomado una decisión firme en cuanto a la seguridad nacional, al ordenar la retirada de una empresa de minería de criptomonedas, MineOne Cloud Computing Investment, en las cercanías de una importante instalación militar estadounidense en Wyoming. La base en cuestión, Francis E. Warren Air Force Base, es un punto neurálgico para las capacidades de misiles balísticos intercontinentales de Estados Unidos, elevando las preocupaciones sobre la proximidad de operaciones extranjeras controladas por intereses chinos.
La Casa Blanca ha citado “pruebas creíbles” que sugieren que la presencia de MineOne, empresa con vínculos significativos a China, podría representar una amenaza a la seguridad nacional. Esta acción destaca la continua vigilancia y la intervención del Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS), presidido por la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en asuntos de inversión extranjera que podrían comprometer la seguridad nacional.
Esta medida refleja también una tendencia más amplia de escrutinio y restricción sobre las actividades de criptominería en Estados Unidos, especialmente aquellas con nexos en países que pueden tener intereses contrapuestos a los de Estados Unidos, como China. Recordemos que la minería de criptomonedas fue severamente restringida en China en 2021, lo que provocó un desplazamiento significativo de estas operaciones hacia Estados Unidos. Ahora, parece que el gobierno de Biden está tomando medidas para asegurarse de que estas operaciones no solo cumplan con las regulaciones ambientales y económicas, sino también con las de seguridad nacional.
Este incidente subraya la complejidad y las complicaciones emergentes de las criptomonedas y su minería a gran escala, no solo en términos de consumo de energía y regulación económica, sino también en cómo estas actividades se intersectan con la política internacional y la seguridad nacional. A medida que el paisaje de la seguridad global continúa evolucionando, será crucial monitorear cómo las naciones gestionan y regulan las tecnologías disruptivas y sus aplicaciones para no comprometer su integridad territorial y seguridad.
