Durante una reunión con el sector bancario de Venezuela, Nicolás Maduro anunció que el país adoptará un nuevo sistema multimoneda, incluyendo una renovada apuesta por las criptomonedas.
Aspectos Clave:
Maduro admitió que la corrupción ha sido un obstáculo para el avance de la industria de criptomonedas en Venezuela.
No se precisaron acciones concretas para “retomar el camino de las cripto”.
Nicolás Maduro expresó su intención de revitalizar la industria de criptomonedas en Venezuela, afirmando: “Los sistemas que se van a crear son multimonetarios, canastas de monedas. No hablemos solo del mundo de las cripto. Nosotros iniciamos ese camino y debemos retomarlo”. Este comentario sugiere un renovado interés en las criptomonedas dentro de la agenda política del país.
El presidente venezolano atribuyó la pausa en la política de criptomonedas a “un grupo de bandidos y ladrones” que, según él, sabotearon el avance en esta área. Esto hace referencia al caso de corrupción en PDVSA relacionado con criptomonedas, que se estima involucró la pérdida de 21 mil millones de dólares y llevó a una crisis en el ecosistema cripto venezolano. Desde marzo de 2023, los intercambios de criptomonedas fueron suspendidos y la minería se volvió clandestina o se detuvo, afectando severamente a la industria debido a la falta de claridad jurídica tras la reestructuración de la Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela (Sunacrip). Esta reestructuración, prometida en un plazo de seis meses, aún no se ha completado, dejando a la autoridad de criptoactivos del país en una situación de incertidumbre.
Maduro no ofreció detalles sobre las acciones específicas para reintegrar las criptomonedas en el país, ni mencionó una fecha para la reestructuración de la Sunacrip o la normalización de las operaciones mineras. Tampoco se discutió la posible reactivación del Petro (PTR), la criptomoneda creada por el gobierno en 2020, cuya implementación ha sido inconsistente.
Este anuncio de Maduro coincide con la presentación en el Congreso de Estados Unidos de la Ley de Promoción de Libertades, Oportunidades y Derechos en Venezuela (VALOR) por la congresista María Elvira Salazar. Esta ley, prevista para septiembre, reafirma las sanciones financieras contra el Banco Central de Venezuela (BCV), Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y el Petro.
