El gobierno de Malasia ha lanzado una ofensiva contra unas 14 000 operaciones clandestinas de minería de Bitcoin que han estado desviando electricidad de la red pública, provocando pérdidas estimadas en más de 1 100 millones de dólares para la empresa estatal de energía.
El problema
Desde 2020, decenas de miles de mineros han estado conectando hardware intensivo en consumo energético a la red estatal sin pagar, sobrecargando la infraestructura eléctrica.
El daño no es solo económico: las autoridades advierten que el exceso de consumo y las conexiones irregulares pueden poner en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico.
Cómo actúa el gobierno
Se ha conformado un grupo interinstitucional (que incluye la empresa energética estatal, policías y agencias regulatorias) para detectar y desmantelar las granjas ilícitas.
Utilizan una combinación de vigilancia aérea —drones con cámaras térmicas— y sensores en tierra para identificar “firmas de calor” inusuales, lo que suele indicar la operación de equipos de minería.
Las búsquedas se concentran en bodegas, comercios abandonados, casas vacías y otros sitios atípicos, donde los mineros a menudo usan escudos térmicos, sistemas de sonido para disimular ruido, y rotan de ubicación para evadir detección.
Qué significa este caso — y por qué es importante
Para Malasia, la minería ilegal de criptomonedas dejó de ser solo un problema de fraude eléctrico: ahora representa una amenaza real para la infraestructura nacional, la seguridad energética y las finanzas del Estado.
El caso evidencia cómo los costos energéticos de la minería cripto —y su abuso— pueden “sacudir” sistemas eléctricos si no hay regulación, especialmente en países donde la red no está preparada para cargas tan intensas.
La respuesta del gobierno podría servir de ejemplo para otras naciones donde la minería ilegal empieza a tensar los sistemas eléctricos —y resalta la necesidad de regulación seria, transparencia energética y supervisión de criptominería.
