Un juez federal en Little Rock, Arkansas, emitió una orden de restricción temporal (TRO) contra la aplicación de leyes estatales que prohíben la propiedad de operaciones de minería de criptomonedas por parte de ciertas entidades extranjeras. Este fallo surge en el contexto de una demanda presentada por Qimin “Jimmy” Chen, un ciudadano estadounidense naturalizado y propietario mayoritario de Jones Eagle, una empresa minera de criptomonedas.
El caso y las leyes implicadas
La disputa se centra en dos leyes de Arkansas:
Ley 636 (2023): Prohíbe la propiedad de bienes en el estado por parte de empresas o ciudadanos relacionados con el gobierno chino.
Ley 174 (2024): Limita la propiedad de operaciones de minería de activos digitales por parte de entidades extranjeras.
El Estado de Arkansas argumentó que Jones Eagle era propiedad de un ciudadano chino, exigiendo el cierre permanente de sus operaciones. Sin embargo, Chen presentó pruebas de su ciudadanía estadounidense y acusó al estado de discriminación por origen nacional.
La decisión judicial
La jueza Kristine Baker dictó la TRO el 25 de noviembre, bloqueando temporalmente la aplicación de estas leyes y permitiendo que Chen siga operando su empresa durante 14 días. Durante este período, se celebrará una audiencia para determinar si se concede una orden judicial preliminar que extienda la protección legal.
Declaraciones clave
El abogado de Chen, Alex Jones, señaló:
“La medida cautelar evitará daños mayores a nuestro cliente mientras argumentamos que estas leyes son inconstitucionales y representan una extralimitación legislativa”.
Por su parte, el fiscal general de Arkansas, Tim Griffin, afirmó que el estado continuará investigando operaciones de minería de criptomonedas para garantizar el cumplimiento de la ley.
Implicaciones más amplias
El caso pone en tela de juicio la constitucionalidad de leyes estatales dirigidas específicamente contra ciudadanos de ciertos orígenes, lo que podría tener repercusiones legales a nivel nacional. Además, destaca las tensiones entre el auge de las criptomonedas y las regulaciones estatales en los Estados Unidos.
Con la audiencia pendiente, el resultado podría sentar un precedente importante para la industria de la criptominería y las leyes relacionadas con la propiedad extranjera.
