Italia y Dinamarca se encuentran en pleno debate sobre nuevas alzas fiscales para las criptomonedas, lo que podría tener un impacto significativo en el sector cripto de ambos países. En Italia, el viceministro de Economía, Maurizio Leo, ha propuesto elevar el impuesto sobre las plusvalías de las inversiones en activos digitales del 26% actual al 42% en 2025. Este incremento afectaría tanto a las ganancias obtenidas por transmisión de criptomonedas como a las procedentes del staking. La medida, parte de los presupuestos que deben aprobarse pronto, ha generado una fuerte oposición en el sector, con el argumento de que ahuyentará a inversores y empresas, perjudicando la competitividad de Italia.
Por otro lado, Dinamarca está considerando un sistema fiscal que grave incluso las ganancias no realizadas. Este modelo, propuesto por el Consejo Fiscal danés, implicaría tributar anualmente por el cambio en el valor de los activos digitales, lo que incluye criptomonedas, acciones y renta fija. Según este esquema, los inversores pagarían impuestos por los cambios de valor aunque no hayan vendido sus activos, con la posibilidad de compensar ganancias y pérdidas entre distintos productos financieros.
El sector cripto en ambos países ha reaccionado con preocupación ante estas propuestas. En Italia, los expertos advierten que el aumento fiscal podría llevar a grandes capitales a trasladarse a jurisdicciones más favorables, como Suiza, y que los pequeños inversores se verían atraídos por productos financieros alternativos más gravados, como los ETF. Además, podría frenar la innovación tecnológica y provocar una fuga de cerebros en sectores clave como blockchain e inteligencia artificial.
La postura del Banco de Italia y las autoridades reguladoras ha sido también crítica hacia el ecosistema cripto, considerándolo especulativo y carente de valor económico o social. Esto contrasta con la publicidad favorable a las criptomonedas que se observa en lugares como el aeropuerto de Malpensa, en Milán, lo que subraya la complejidad del entorno regulatorio en el país.
