El gobierno federal incluyó en el Paquete Económico 2026 una propuesta para aplicar un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) del 8 % a los videojuegos clasificados como violentos o con contenido extremo, medida que aplicaría tanto en versiones físicas como digitales, así como en los servicios de distribución en línea. De acuerdo con la iniciativa, el objetivo es desincentivar el consumo de estos títulos bajo el argumento de que pueden provocar efectos sociales y psicológicos negativos, en especial entre adolescentes, además de que se busca recaudar alrededor de 183 millones de pesos el próximo año.
Sin embargo, la propuesta ha generado controversia. Expertos y representantes de la industria advierten que la medida podría encarecer los precios de los videojuegos hasta en un 24 %, afectando principalmente a los consumidores y a los desarrolladores independientes mexicanos, quienes tendrían menos margen para competir con grandes franquicias internacionales. También se señala que aplicar impuestos basados únicamente en la violencia de los juegos es una visión reduccionista, pues no toma en cuenta factores como la edad de los jugadores, el acompañamiento familiar o el uso responsable, además de que ya existen clasificaciones de contenido y mecanismos de control parental.
Otro punto crítico es la dificultad de regular un mercado cada vez más digital, donde muchas compras se realizan directamente en plataformas internacionales, lo que podría generar lagunas en la aplicación del impuesto e incentivar la piratería. Por ello, especialistas consideran que se trata de una “solución ficticia” que no ataca el problema de fondo, ya que no viene acompañada de estrategias integrales en educación, salud mental o regulación tecnológica.
