Desde el 1 de julio de 2025, Hungría implementó una reforma al Código Penal que convierte la operativa de intercambio de criptomonedas sin licencia en un delito, con consecuencias que incluyen penas de hasta dos años de cárcel para usuarios, y hasta ocho años para proveedores no autorizados.
Escalas de pena según monto transaccionado
Usuarios:
Hasta 50 millones de forint (~146,000 USD): hasta 2 años
Entre 50 y 500 millones: hasta 3 años
Más de 500 millones: hasta 5 años
Proveedores:
Hasta 50 millones: hasta 3 años
Entre 50 y 500 millones: hasta 5 años
Más de 500 millones: hasta 8 años
Además, se estableció la obligación de que cada intercambio cuente con un “certificado de cumplimiento”, emitido por un proveedor validado por la autoridad reguladora (SARA), sin el cual las transacciones carecen de validez legal.
Reacción del mercado
Se estima que 500,000 ahorradores en criptomonedas están en riesgo legal, ya que las transacciones comunes en plataformas no licenciadas pueden ser consideradas delito.
Empresas como Revolut y Bitstamp suspendieron los servicios cripto en el país, con Revolut congelando hasta los saldos existentes hasta regularizar su cumplimiento bajo las nuevas normas.
Otras plataformas globales como Binance, Coinbase y Kraken, que operan bajo licencias MiCA de la UE, continúan operando en Hungría, aunque el panorama regulatorio sigue siendo confuso.
Crítica y perspectivas
La legislación ha sido criticada por su ambigüedad y falta de definición clara sobre qué constituye una plataforma autorizada, así como por el hecho de penalizar conductas sin una vía práctica de cumplimiento . Mientras tanto, la Autoridad Supervisora (SZTFH) dispone de 60 días para definir los criterios de implementación.
El entorno regulatorio de Hungría contrasta con el enfoque armonizado del marco MiCA de la Unión Europea, orientado a regular, más que a prohibir, el uso de criptoactivos .
