Las granjas de minería de criptomonedas en México operan en una zona gris: su estatus legal es dudoso, su relación con el narcotráfico crece y su funcionamiento es opaco. Se trata de instalaciones que, utilizando hardware especializado como ASIC y GPUs, requieren mucha energía y sistemas de refrigeración para procesar transacciones y generar criptomonedas como Bitcoin.
El anonimato y la velocidad que ofrecen las criptomonedas han atraído a cárteles criminales, que las usan para lavar dinero, financiar actividades ilícitas y realizar operaciones sin ser rastreados. Uno de los métodos más comunes es el “smurfing”, que consiste en fraccionar grandes sumas en pagos menores para evadir alertas regulatorias.
Un caso conocido es el de Ignacio Santoyo, alias “El Sony”, detenido en 2019 en Playa del Carmen por comprar más de 440,000 pesos en criptomonedas a través de Bitso, superando el tope legal. Este y otros ejemplos evidencian el uso de criptodivisas por parte de cárteles mexicanos y colombianos, entre ellos el Cártel de Sinaloa, especialmente para hacer pagos anónimos y rápidos.
Además, grupos como los “Bandidos Revolution Team” han robado millones de dólares mediante ciberataques a bancos y usado criptomonedas para ocultar sus ganancias.
A pesar de que una ley de 2018 exige reportar transacciones mayores a unos 2,800 USD, las restricciones resultan insuficientes. La DEA alerta que los cárteles seguirán incrementando su uso de estos activos digitales y que combatirlo requerirá una coordinación internacional y herramientas de análisis blockchain más robustas.
