El Consejo de Ministros de España aprobó la transposición de la directiva de la UE conocida como DAC8, que establece nuevas obligaciones de información sobre criptomonedas. Esto permitirá reforzar la vigilancia fiscal de estos activos, que podrán ser embargados en caso de incumplimiento de obligaciones fiscales.
La normativa modifica la Ley General Tributaria, afectando tanto a residentes como no residentes en España. Esta medida busca mejorar la transparencia fiscal y luchar contra el fraude, facilitando la asistencia mutua entre los países de la Unión Europea y ayudando a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones fiscales. Las criptomonedas también se consideran ahora como bienes embargables y parte de los activos en entidades de pago.
Este cambio es un paso importante hacia el control de las criptomonedas, que hasta ahora habían permanecido en una zona gris respecto a las regulaciones fiscales en muchos países.
