El Gobierno de España ha dado un paso significativo en la regulación de criptomonedas al aprobar una nueva ley que obligará a las plataformas de criptomonedas a compartir información detallada sobre sus usuarios con las autoridades tributarias. El Consejo de Ministros aprobó la ley DAC8 el 17 de septiembre, con el objetivo de reforzar la transparencia y el control en un mercado en constante expansión, según un comunicado del Ministerio de Hacienda.
La nueva normativa exige que las plataformas de criptomonedas proporcionen datos específicos sobre los saldos y operaciones de sus usuarios, tanto dentro como fuera de España, sustituyendo el término “moneda virtual” por “criptoactivo”. Además, se realizan ajustes en la Ley General Tributaria (LGT) para actualizar las obligaciones informativas y recaudatorias sobre estos activos.
Colaboración internacional contra el fraude fiscal
La ley DAC8 también se alinea con el Marco de Comunicación de Información sobre Criptoactivos de la OCDE, trasladando estas medidas al ámbito de la Unión Europea. Esta iniciativa fortalecerá la cooperación entre España y otros países para combatir el fraude fiscal, facilitando el intercambio de información entre Estados miembros y con otras jurisdicciones internacionales.
El Ministerio de Hacienda subrayó que esta normativa establecerá un marco regulatorio clave para garantizar la asistencia mutua en la recaudación de impuestos y la supervisión de los criptoactivos a nivel europeo e internacional.
Criptomonedas ahora susceptibles de embargos
Entre los cambios adicionales introducidos en el anteproyecto de ley, se reconoce expresamente a las criptomonedas como bienes susceptibles de sufrir embargos, así como otros bienes y derechos en entidades de pago y de dinero electrónico. Esta medida responde a la rápida evolución de los servicios financieros y las tecnologías de registro de criptoactivos.
El anteproyecto de ley aún debe ser aprobado por el Parlamento, pero representa un avance significativo en la forma en que España regula y supervisa las operaciones con criptomonedas, marcando un nuevo capítulo en la lucha contra el fraude fiscal y la evasión de impuestos en la era digital.
