El reciente fallo judicial sobre la venta del token XRP de Ripple ha generado una gran cantidad de reacciones, pero muchas de ellas parecen carecer de un análisis profundo sobre las implicaciones regulatorias. Tras una batalla legal de dos años iniciada por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), un juez determinó que XRP es un valor no registrado cuando se vende a compradores institucionales, pero no lo es cuando lo adquiere otra persona.

Contexto del Caso

En 2020, la SEC presentó una demanda contra Ripple, su director ejecutivo Brad Garlinghouse y su cofundador Chris Larsen, alegando que no registraron su token XRP como valor antes de venderlo por aproximadamente 1.300 millones de dólares. Este caso ha sido una lucha prolongada, con disputas públicas y legales, donde Ripple ha intentado argumentar que XRP no debería ser considerado un valor.

La Naturaleza Ambigua del Fallo

La decisión judicial ha sido percibida por algunos como una victoria para Ripple, dado que el precio de XRP se disparó casi al doble tras la noticia y los volúmenes de operaciones se incrementaron en un sorprendente 1.351%. Sin embargo, esta resolución no ha proporcionado la claridad regulatoria esperada. El fallo crea una situación ambigua: XRP es considerado un valor cuando es vendido a compradores institucionales, pero no lo es cuando es adquirido por inversores minoristas.

Análisis de la Decisión

La lógica detrás de este fallo es que los compradores minoristas no compran XRP directamente a Ripple, lo que significa que no hay un contrato de inversión entre los inversores minoristas y Ripple. No obstante, esta distinción plantea serias dudas sobre la coherencia regulatoria. Argumentar que un activo puede ser un valor en ciertos contextos pero no en otros es problemático. Es como decir que la compra de una casa como inversión es una transacción de bienes raíces, pero la compra de una casa para vivir no lo es.

Implicaciones para la Industria Cripto

Esta decisión judicial no ha resuelto la incertidumbre sobre cómo se clasificarán las criptomonedas en el futuro. Sabemos que la SEC considera casi todas las criptomonedas como valores, excepto Bitcoin y tal vez Ethereum. Sin embargo, la SEC no tiene la última palabra, y este fallo judicial ha creado un precedente confuso donde un activo puede ser un valor no registrado en ciertas circunstancias y no en otras.

En resumen, el fallo judicial sobre XRP no ha proporcionado la claridad legal que muchos esperaban. La distinción entre compradores institucionales y minoristas añade más complejidad a la ya complicada cuestión de la clasificación de criptomonedas. Afirmaciones como las de JMP Securities, que consideran este fallo una “victoria histórica” para la industria, parecen ignorar la realidad de que la incertidumbre regulatoria persiste. La industria cripto aún enfrenta un camino largo y complicado hacia una comprensión y regulación coherente de sus activos.

En definitiva, la claridad regulatoria sigue siendo una meta lejana, y decisiones como esta subrayan la necesidad urgente de un marco legal más definido y consistente para las criptomonedas.