La discusión sobre el impacto de los videojuegos en la sociedad vuelve a encenderse en el Congreso. El diputado Francisco Arturo Federico Ávila Anaya, del partido Morena, presentó una iniciativa para reformar el artículo 208 del Código Penal Federal, con el objetivo de imponer penas de cárcel a quienes promuevan, glorifiquen o justifiquen la comisión de delitos a través de diversos medios, incluyendo películas, series, música, teatro y videojuegos.
Actualmente, dicho artículo contempla sanciones como trabajo comunitario para quienes inciten públicamente a cometer delitos o hagan apología de ellos. Sin embargo, la propuesta de Ávila Anaya busca endurecer las penas y llevar estos actos al terreno de los delitos penales, sobre todo si se considera que este tipo de contenido puede favorecer la imitación de actos criminales.
La polémica: ¿libertad creativa o riesgo social?
La iniciativa ha generado un fuerte debate. Críticos señalan que la reforma podría interpretarse de manera ambigua, afectando la libertad de expresión y la creación de contenidos artísticos o culturales. Además, argumentan que diversos estudios internacionales han desestimado una relación directa entre el consumo de videojuegos violentos y la comisión de delitos en la vida real.
Por su parte, quienes apoyan la medida aseguran que el contenido que glorifica el crimen organizado, como algunos videojuegos o narcoseries, contribuye a normalizar la violencia en el imaginario colectivo, especialmente entre los jóvenes.
No es la primera vez
Esta propuesta se suma a una serie de iniciativas similares que han buscado regular los contenidos violentos en videojuegos en los últimos años:
Agosto de 2023: El diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez (PVEM) propuso reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que el IFT supervise videojuegos dirigidos a menores, evitando que hagan apología del delito.
Agosto de 2022: El morenista Mario Rafael Llego Latournerie planteó sancionar con 8 a 12 años de prisión a quienes permitan que menores jueguen videojuegos con contenido violento, considerándolo corrupción de menores.
Enero de 2022: La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, pidió al Senado tipificar como delito la venta de videojuegos con apología de la violencia y el consumo de drogas a menores.
¿Y ahora qué sigue?
La propuesta de Ávila Anaya aún se encuentra en fase de análisis y discusión dentro de la Cámara de Diputados. En las próximas semanas se determinará su viabilidad legal y constitucional, así como su posible impacto en la industria del entretenimiento, que representa miles de millones de pesos en ingresos anuales en México.
Mientras tanto, la conversación continúa: ¿Hasta qué punto debe el Estado regular los videojuegos? ¿Dónde termina la protección a los menores y empieza la censura?
