Una nueva campaña publicitaria nacional en Estados Unidos ha generado controversia en Washington en medio del debate legislativo sobre criptomonedas, especialmente sobre la Ley conocida como CLARITY Act, que busca establecer un marco regulatorio claro para los mercados de activos digitales.
¿Qué está pasando?
Un grupo identificado como Investors For Transparency está transmitiendo anuncios en televisión nacional (por ejemplo, en Fox News) instando al público a oponerse a las disposiciones de finanzas descentralizadas (DeFi) dentro del texto de la Ley CLARITY.
Los anuncios animan a los espectadores a llamar a sus senadores para presionar por un proyecto de ley que elimine o excluya las reglas relacionadas con DeFi, argumentando que esta parte del proyecto podría ser perjudicial para la economía o para la innovación financiera.
Argumentos y preocupaciones
Los defensores bancarios han alertado de que ciertas secciones del proyecto podrían permitir que los emisores de stablecoins ofrezcan productos con rendimientos similares a los intereses bancarios tradicionales, lo que podría hacer que billones de dólares en depósitos salgan del sistema bancario tradicional, según estimaciones del Tesoro de Estados Unidos.
Críticos de la campaña han señalado la falta de transparencia sobre quién financia estos anuncios y las motivaciones detrás de ellos, resaltando que incluso líderes dentro de la industria cripto, como directivos de plataformas descentralizadas, han respondido críticamente a esta estrategia.
Debate legislativo en curso
El proyecto de ley —que ya fue aprobado por la Cámara de Representantes y está siendo revisado por el Comité Bancario del Senado— ha visto intensificarse el debate conforme se acerca el momento de su análisis formal.
Entre los temas en discusión están las protecciones al consumidor, reglas de conflicto de interés y el papel de las finanzas descentralizadas, lo que ha generado divisiones incluso dentro de los partidos.
Algunos analistas anticipan que, debido a estas tensiones y presiones políticas —incluidas las próximas elecciones intermedias— la aprobación final podría retrasarse hasta 2027 o incluso más tarde.
