Brasil dio un paso importante en su lucha contra el crimen organizado al aprobar una nueva ley que permite a las autoridades utilizar criptomonedas confiscadas en investigaciones para fortalecer la seguridad pública.
La normativa, identificada como Ley N.º 15.358, establece que los activos digitales vinculados a delitos pueden ser decomisados y, con autorización judicial, redirigidos para financiar actividades como el equipamiento policial, la capacitación de agentes y operaciones especiales.
El cambio no solo reconoce formalmente a las criptomonedas dentro de los procesos penales, sino que también amplía las facultades del Estado para combatir estructuras criminales complejas. La ley permite bloquear transacciones en exchanges cuando los activos estén relacionados con delitos, así como confiscar cualquier bien utilizado como instrumento criminal, incluyendo activos digitales.
Además, la legislación contempla el uso provisional de los fondos decomisados por parte de organismos de seguridad, siempre bajo supervisión de un juez, lo que introduce un control legal antes de que los recursos sean utilizados.
Otro punto relevante es que Brasil podrá cooperar con autoridades internacionales para rastrear y recuperar activos digitales vinculados a actividades ilícitas, una medida clave considerando el carácter global de las criptomonedas.
Esta ley se enmarca en una estrategia más amplia para debilitar financieramente a las organizaciones criminales. De hecho, autoridades brasileñas han destacado que el objetivo es “asfixiar” económicamente a estos grupos mediante el decomiso y reutilización de sus recursos.
En un país con alta adopción de criptomonedas, la medida podría tener un impacto significativo tanto en la política de seguridad como en la regulación del ecosistema digital. Mientras algunos países optan por vender o acumular cripto incautada, Brasil apuesta por utilizarla directamente como herramienta para reforzar sus instituciones de seguridad.
