El Departamento del Tesoro de EE.UU. y la Reserva Federal han iniciado un esfuerzo conjunto para redefinir el concepto de “dinero” bajo la Ley de Secreto Bancario, con el objetivo de incluir criptomonedas y activos digitales en los nuevos requisitos de presentación de informes. Este movimiento busca fortalecer la regulación sobre las transacciones de criptomonedas tanto nacionales como transfronterizas.
En la agenda regulatoria semestral emitida el 16 de agosto, el Departamento del Tesoro anunció su intención de nivelar el campo de juego regulatorio entre las criptomonedas y el dinero fiduciario tradicional. La Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) están trabajando en la revisión del término “dinero” tal como se aplica en la Ley de Secreto Bancario.
Según la agenda, las agencias buscan garantizar que las reglas revisadas se apliquen a las transacciones que involucren monedas virtuales convertibles, como criptomonedas, que funcionan como un medio de intercambio con un valor equivalente al dinero fiduciario, pero que no tienen estatus de curso legal. Además, la propuesta también ampliará los requisitos de notificación a los activos digitales con estatus de curso legal, incluidas las monedas digitales de bancos centrales.
El aviso final de la reglamentación propuesta está programado para septiembre de 2025, sujeto a la autorización pertinente.
En paralelo, el 14 de agosto, el gobierno de EE.UU. realizó una transferencia de aproximadamente 10,000 bitcoins, vinculados a una redada en Silk Road. Esta acción subraya el creciente enfoque del gobierno en la supervisión de las transacciones de criptomonedas.
Además, el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) está actualizando activamente las regulaciones relacionadas con la inteligencia artificial (IA) para combatir delitos. El 7 de agosto, el DOJ solicitó a la Comisión de Sentencias de EE.UU. que modificara sus directrices para incluir sanciones adicionales por delitos cometidos con la ayuda de la IA, expandiendo el alcance de las regulaciones para cubrir no solo delitos cometidos directamente por IA, sino también aquellos facilitados por algoritmos.
